Ni olvido ni perdón

DEMANDAN A LOS BANCOS QUE FINANCIARON LA DICTADURA
Los prestamistas de la muerte
Hijos de detenidos-desaparecidos en La Plata demandarán a los bancos que financiaron la dictadura, cuya maquinaria de muerte se hubiera detenido sin esa ayuda. Los bancos contaban con precisa información sobre lo que ocurría, por lo que debieron imaginarse el dolo eventual que causarían.

Por Horacio Verbitsky
Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe presentarán un reclamo judicial contra los bancos extranjeros que financiaron a la dictadura militar que secuestró e hizo desaparecer a sus padres, en 1976 y 1977 en la ciudad de La Plata. Un estudio porteño de abogados, con apoyo de expertos de la Universidad de Nueva York, invocará normas y antecedentes internacionales y norteamericanos, como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS, y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices. “Quiero saber quién le daba plata a la Junta Militar que gobernaba un país quebrado pero podía pagarle el sueldo a los asesinos de mi padres y comprar las máquinas para torturarlos”, explica María Elena Perdighe, de asombroso parecido con su madre, según afirman quienes la conocieron.

Complicidad corporativa
Según el tribunal de Nuremberg el responsable de un plan criminal necesita para ejecutarlo “la cooperación de políticos, militares, diplomáticos y empresarios. No puede considerárselos inocentes si sabían lo que estaban haciendo”. Los bancos que otorgaron créditos a la dictadura argentina deberían reparar los daños personales sufridos dada su “responsabilidad por complicidad corporativa”. Una fuente valiosa de información sobre el tema fue una investigación académica en curso de la directora del Programa de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Veerle Opgenhaffen, y del jurista argentino Juan Pablo Bohoslavsky, Hauser Fellow de la misma universidad, donde será presentada el 14 de abril. El estudio consigna que en 1976 la deuda pública externa de la Argentina era de 6.648 millones de dólares y en 1983 llegó a 31.709 millones. Las dos terceras partes (20.658,7 millones) correspondían a créditos bancarios, sin contar otros 5.441 millones en bonos, que presumiblemente también estaban en poder de los bancos. A mediados de la década de 1970 los bancos internacionales habían acumulado una enorme masa de petrodólares y presionaron a países de dudosa capacidad económica para que tomaran créditos, que en muchos casos usaron para reprimir a sus pueblos, como en el caso argentino. La caída de la demanda interna y de la actividad industrial provocados por la política de la dictadura militar hizo que el nivel de actividad de 1982 fuera 1,3 por ciento menor que en 1975. Entre 1976 y 1980 el déficit fiscal fue del 7,4 por ciento del PIB y entre 1981 y 1983 del 14,6 por ciento. Con el enfoque monetarista de aquellos años y la tablita de Martínez de Hoz, los ingresos públicos fueron menores que los gastos.

Sin embargo, el presupuesto militar creció a más del doble entre 1975 y 1983, tanto en términos absolutos (de 1278 a 2500 millones de dólares), como en porcentaje del Producto Interno Bruto (de 2,04 a 4,39 por ciento). Cuando los bancos exigieron el repago, comenzaron la crisis de la deuda y una fuerte recesión, que a su vez precipitó la transición democrática. El trabajo de los académicos reproduce una afirmación del Congreso estadounidense al analizar el rol del banco Riggs en relación con la dictadura chilena de Pinochet: “El financiamiento es la clave del terrorismo, la corrupción y otros actos delictivos”. Como reconocieron dirigentes blancos sudafricanos que durante décadas resistieron el boicot comercial: la clave es el financiamiento externo, sin el cual el aparato estatal se hubiera paralizado, incluyendo la represión.

Dolo eventual
Los artículos publicados en la prensa internacional, los informes públicos del gobierno de Estados Unidos y de los organismos de derechos humanos no dejaban dudas sobre la gravedad de la situación en la Argentina dictatorial, por lo cual los bancos no pueden alegar ignorancia acerca de los crímenes de lesa humanidad que contribuían a financiar. Lo más significativo fue la negativa del gobierno del presidente norteamericano James Carter a suministrar ayuda militar y financiera a la Argentina, debido a las violaciones a los derechos humanos y a las normas fundamentales del Derecho Internacional y su voto en contra de los créditos multilaterales solicitados por la dictadura al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. En marzo de 1977 el gobierno explicó esta política en el Congreso: Estados Unidos debía usar su voz y su voto en todos los bancos de desarrollo de los que formaba parte para defender los derechos humanos, dijo la subsecretaria de derechos humanos, Patricia Derian. Como consecuencia, en 1978 también la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), decidió no asegurar a empresas que quisieran invertir en la Argentina, debido a las serias violaciones a los derechos humanos. La Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación no incluyó a las empresas privadas que sostuvieron al criminal régimen del apartheid. Pero hay casos recientes tramitados en tribunales de los Estados Unidos que desarrollan ese concepto de la responsabilidad corporativa. Esos procesos fueron presentados contra

- la empresa bananera Chiquita, que contrató paramilitares colombianos para limpiar de sindicalistas sus plantaciones; bancos y empresas de distintos países que ayudaron a la Alemania nazi a prolongar la guerra por lo menos un año más, no devolvieron los depósitos a las víctimas o usaron mano de obra esclava;

- el banco Paris Paribas por haber entregado fondos al régimen de Saddam Hussein en violación del programa de Naciones Unidas Petróleo por Alimentos;

- Yahoo, por entregar información y archivos al gobierno chino que le permitieron identificar y torturar a un activista por los derechos humanos;

- Nestlé, por comprar cacao a plantaciones que usan mano de obra infantil;

- Unocal, por participar en el tendido de un oleoducto y contratar a fuerzas de seguridad responsables de trabajo forzoso, asesinatos y violaciones en Burma;

- el banco Barclays y otras compañías multinacionales que proveyeron de créditos, transporte y otros servicios esenciales para la implementación del apartheid en Sudáfrica.

Un precedente
Los mecanismos de justicia transicional tardaron en tomar en cuenta los factores económicos que permiten a un régimen reprimir a su población, como se aprecia en el “limitado alcance del informe de la CONADEP y en los mandatos de casi todas las comisiones de la verdad posteriores. El hecho de que en este momento se desenvuelvan juicios por aquellos crímenes ofrece una oportunidad única para que la Argentina establezca un precedente, demostrando la necesidad de considerar las complicidades civiles para determinar la verdad sobre el funcionamiento de un régimen determinado”, dice el trabajo de Opgenhaffen y Bohoslavsky. En la Argentina se compensaron los indultos de 1989 y 1990 con el dictado de varias leyes que establecieron el pago de reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado y sus herederos, por un monto de unos 225.000 dólares por caso. Otro trabajo académico, realizado en 2005 por Christina Marie Wilson en la Facultad de Derecho de la Universidad Jesuita Fordham, también de Nueva York, analiza el destino de esas reparaciones en el caos económico que vivió la Argentina. El pago prometido se demoró y en 1997 se dispuso por decreto que las indemnizaciones se cancelaran con Bonos de Consolidación de Deuda Pública. En 2002 se pesificó su importe. Los bonos que se emitieron a cambio entraron en el proceso de renegociación de la deuda externa, en el que como los demás bonos sufrieron una quita de dos tercios de su valor. El trato que recibieron fue el mismo que el de los demás tenedores de bonos argentinos, pese a que en este caso no se trataba de inversores que corrieron un riesgo, sino de víctimas de la dictadura que recibieron esos bonos porque el Estado no pudo o no quiso pagarles en efectivo. Pero estas reparaciones, cuya devaluación el Estado explicó por sus dificultades económicas, no obstan para el reclamo a los bancos, que no tienen las limitaciones del Estado.

Según Opgenhaffen y Bohoslavsky se trata de obtener “respuestas más completas en términos de enjuiciamientos, reparaciones y otros mecanismos de responsabilidad”, lo cual actuaría como disuasivo para el comportamiento empresarial en el futuro. También “combatiría la noción de que apenas fue la experiencia de un puñado de generales que desarrollaron solos una campaña asesina y plantearía importantes preguntas acerca del papel que jugaron los actores financieros privados para ayudar y prolongar la dictadura”.

Los secuestros

Victorio Perdighe, estudiante de derecho y militante en la Juventud Peronista fue detenido-desaparecido el 16 de diciembre de 1976 en La Plata y visto en el campo de concentración “La Cacha”. Su esposa, Graciela “Chela” Sagües fue secuestrada en la misma ciudad el 22 de enero de 1977 mientras caminaba por la calle y fue vista en la comisaría 5ª de La Plata, en el Pozo de Arana, en la Brigada de Investigaciones y el Pozo de Banfield. Victorio fue asesinado durante un falso enfrentamiento y de Graciela no se supo más. Tenían una nena, María Elena. Roberto Aníbal Ibáñez, estudiante de medicina y militante de la Juventud Peronista, de 24 años, fue secuestrado por personal de seguridad que ocupaba dos autos marca Torino, la tarde del 25 de enero de 1977, mientras conducía su moto en el centro de La Plata. El mismo día fue visto en los centros clandestinos “Pozo de Arana” y Comisaría 5a. Estaba casado con Silvia Beatriz Albores y tenían un bebé, Leandro Manuel, de tres meses. Silvia, de 22 años y también estudiante de medicina fue secuestrada pocos meses después, del domicilio de sus padres en La Plata. Nunca volvió a saberse de ellos.

Los bancos

En 2000, el fallo del juez federal José Luis Ballesteros en la causa iniciada por Alejandro Olmos sobre la deuda externa mencionó en su foja 73 entre los prestamistas de YPF (que era la vía de entrada que empleó la dictadura para disimular que así se costeaba el Estado Terrorista) al Bank of America, Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Arabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D.G. Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Citibank, Banco de Boston, Chase Manufactures, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco di Roma, Citicorp y Banco Nación. Pero la demanda pide que sea el Banco Central el que informe quiénes fueron los financistas de la dictadura y no contempla los créditos a privados, ya que se refiere sólo a los préstamos que permitieron funcionar a la maquinaria estatal de la muerte.

Guardiamo anche sotto il tappetto

Bestie dalle due parti
Ricordare i massacri delle foibe senza menzionare i crimini di guerra commessi dagli italiani in Jugoslavia è guardare la storia con un solo occhio. Così facendo si continua ad alimentare la divisione dei popoli e l’odio razziale ed ideologico. Sempre c’è uno che lancia la prima pietra. Nel nome della civiltà non possiamo essere orbi. La violenza chiama sempre la violenza.

Da Wikipedia
L'italianizzazione fascista
« Di fronte ad una razza inferiore e barbara come la slava non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. [...] I confini dell'Italia devono essere il Brennero, il Nevoso e le Dinariche: io credo che si possano sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000 italiani » (Benito Mussolini, discorso tenuto a Pola il 24 settembre 1920)

La situazione degli slavi si deteriorò con l'avvento al potere del fascismo, nel 1922. Fu infatti varata in tutta Italia una politica di assimilazione delle minoranze etniche e nazionali, che prevedeva l'italianizzazione di nomi e toponimi, la chiusura delle scuole slovene e croate e il divieto dell'uso della lingua straniera in pubblico. Simili politiche di assimilazione forzata erano all'epoca assai comuni, ed erano applicate, fra gli altri, anche da paesi democratici (come Francia e Regno Unito). Da notare che furono adottate dalla stessa Jugoslavia, dove si verificarono anche episodi di repressione violenta.

L'azione del governo fascista annullò l'autonomia culturale e linguistica di cui le popolazioni slave avevano ampiamente goduto durante la dominazione asburgica e incrementò i sentimenti di inimicizia nei confronti dell'Italia.

Le società segrete irredentiste slave, preesistenti allo scoppio della Grande Guerra, si fusero in gruppi più grandi, a carattere nazionalista e comunista, come la Borba e il TIGR, che si resero responsabili di numerosi attacchi a militari, civili e infrastrutture italiane. Alcuni elementi di queste società segrete furono catturati dalla polizia italiana e condannati a morte dal tribunale speciale per terrorismo dinamitardo.

La repressione politica e le istruzioni militari nel regno di Jugoslavia
Dai documenti redatti dall'Alto Commissario Emilio Grazioli, ma anche da quelli dei generali Roatta, Robotti e Gambara, emerge un conflitto che non si limita alla repressione contro il Fronte di Liberazione, ma che parte da una diversa visione politica del rapporto tra vincitori e vinti, tra razza dominatrice e popolazione assoggettata: quindi marcatamente razzista.
Secondo il generale Orlando: « ... è necessario eliminare: tutti i maestri elementari, tutti gli impiegati comunali e pubblici in genere (A.C., Questura, Tribunale, Finanza ecc.), tutti i medici, i farmacisti, gli avvocati, i giornalisti, ... i parroci, ... gli operai, ... gli ex-militari italiani, che si sono trasferiti dalla Venezia Giulia dopo la data suddetta. » (gen. Orlando)

Orlando, intende l'eliminazione della massa attraverso la deportazione di migliaia di uomini nei campi di concentramento, che i comandi militari hanno aperto in Italia e in Dalmazia per sloveni e croati.

Viene anche adottata la politica dell'affamamento e della rapina, praticata dai comandanti italiani, tra gli altri il gen. Danioni che progetta di: « Procedere alla requisizione dei raccolti lasciando ad ogni singolo proprietario il puro necessario per non morire di fame. »

Mario Roatta propone inoltre la deportazione: "di tutti i disoccupati e degli studenti per farne unità di lavoratori".

Inoltre viene condotta una repressione contro gli intellettuali (docenti e studenti dall'università alle scuole inferiori) essendo considerati la colonna portante del movimento partigiano.

L'11 luglio 1942 Mario Robotti scrive a Emilio Grazioli dopo le ennesime "operazioni di rastrellamento ed epurazione politica", effettuate dal 24 giugno al 1 luglio a Lubiana e nella provincia è stata attuata la deportazione nei campi di più di 5 000 uomini (tra i 16 e i 50 anni); mentre il comandante dell'XI Corpo d'Armata lamenta che: « ...il mancato rastrellamento di donne, specialmente insegnanti di scuole medie ed elementari, che hanno notoriamente svolto e tuttora svolgono attiva opera di propaganda comunista e di assistenza ai partigiani, ha prodotto cattiva impressione. »

Nel corso di una riunione con i vertici delle Forze armate di Roma e della II Armata, tenuta a Gorizia il 31 luglio 1942, Mussolini approva le analisi e le decisioni di Roatta: « Come avete detto è cominciato un nuovo ciclo che fa vedere gli italiani come gente disposta a tutto, per il bene del paese ed il prestigio delle forze armate ... Non vi preoccupate del disagio economico della popolazione. Lo ha voluto! Ne sconti le conseguenze ... Non sarei alieno dal trasferimento di masse di popolazioni. »

I campi di concentramento
La scelta di costituire campi di concentramento per i civili viene concepita dapprima per neutralizzare gli elementi ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico; ma successivamente le deportazioni crescono, coinvolgendo quote sempre più vaste di popolazione soprattutto quella rurale.

In un vertice tenuto a Fiume il 23 maggio 1942, Roatta annuncia l'appoggio di Mussolini alla linea dura dei generali: « Anche il Duce ha detto di ricordarsi che la miglior situazione si fa quando il nemico è morto. Occorre quindi poter disporre di numerosi ostaggi e di applicare la fucilazione tutte le volte che ciò sia necessario... Il Duce concorda nel concetto di internare molta gente - anche 20-30 000 persone. »

A partire dal luglio 1942 le divisioni italiane, con grandi operazioni di rastrellamento alla caccia delle formazioni partigiane, svuotano il territorio in cui queste sono più presenti, deportando la popolazione dei villaggi in campi di concentramento costituiti appositamente. Si tratta soprattutto di donne, bambini ed anziani, poiché gli "uomini validi" fuggono nei boschi alla vista dei reparti italiani, per evitare di essere presi come ostaggi e fucilati nelle quotidiane rappresaglie decretate dai tribunali militari di guerra.

Ma dai documenti degli stessi generali italiani emerge anche la determinazione per cui le rappresaglie contro i civili devono essere un'arma di pressione contro i partigiani del Fronte di Liberazione, che tengono in scacco una grossa parte dell'esercito italiano.

Tra l'estate del 1942 e quella del 1943 furono attivi sette campi di concentramento per civili sotto il controllo della II Armata (che aveva la competenza su Slovenia e Dalmazia).

Stabilire oggi il numero dei deportati risulta assai difficile, sia per la frammentarietà degli archivi consultabili, sia perché le stesse autorità italiane scrivevano di non avere un quadro delle situazione. Secondo alcune stime si conterebbero almeno 20 000 civili sloveni internati. Mentre un documento del Ministero degli interni italiano, databile alla fine dell'agosto 1942, indica un complesso di 50 mila elementi circa, sgombrati dai territori della frontiera orientale in seguito alle operazioni di polizia in corso, di cui la metà donne e bambini.

La causa principale delle morti nei campi era la fame e il freddo. Già nel maggio 1942 una lettera di un dirigente cattolico di Lubiana segnala alle autorità militari italiane, che "nel campo di concentramento di Gonars ... gli internati soffrono atrocemente la fame". Dal rapporto destinato ai comandi militari e redatto da un ufficiale medico, emerge un livello di alimentazione insufficiente ed una situazione igienica inadeguata. Lo stesso afferma che la insufficienza alimentare si moltiplica per il freddo e la dispersione di calore corporeo vivendo i civili sotto tende, con abiti estivi e coperte insufficienti.

Secondo le autorità italiane, fino al 19 novembre 1942, ad Arbe i morti erano stati 289 (di cui 62 bambini).
Significative a questo proposito, sono le affermazioni del generale Gambara, in data 17/12/1942 : « Logico ed opportuno che campo di concentramento non significhi campo d'ingrassamento. L'individuo malato sta tranquillo [...] Le condizioni da deperimento dei liberati di Arbe sono veramente notevoli - ma Supersloda da tempo sta migliorando le condizioni del campo. C'è da ritenere che l'inconveniente sia praticamente eliminato" »

Della gravità della situazione nei campi scrivono anche ufficiali dei Carabinieri Reali nei loro rapporti ai comandi: « ... nei campi di concentramento la vita è davvero grama e fiacca il corpo e lo spirito. Particolarmente nel campo di Arbe, le condizioni di alloggiamento e del vitto sono quasi inumane: viene riferito che frequenti sono i casi di morte, gravi e frequentissime le malattie" e inoltre richiamano "vari casi di decesso provocati dalla scarsità del vitto e da malattie epidemiche diffusesi per deficienza di misure sanitarie. »

I campi di concentramento rimasero attivi fino al disfacimento dell'esercito italiano, avvenuto in seguito dell'armistizio dell'8 settembre 1943 e la conseguente cessazione delle ostilità da parte delle truppe monarchiche italiane verso le forze di liberazione jugoslave.

Inchieste sui criminali di guerra italiani
I crimini di guerra italiani furono sostanzialmente impuniti a causa della posizione politica assunta dall'Italia dopo l' 8 settembre 1943, e dopo la guerra a causa della così detta "amnistia Togliatti" intervenuta il 22 giugno 1946, sia perché il 18 settembre 1953 il governo Pella approvò l'indulto e l'amnistia proposta dal guardasigilli Antonio Azara per i tutti i reati politici commessi entro il 18 giugno 1948, a cui si aggiunse quella del 4 giugno 1966.

In particolare venivano accusati sia il generale Pietro Badoglio che Rodolfo Graziani, i quali non subirono mai un processo. Gli unici processi effettuati riguardavano crimini commessi in Italia contro italiani, ma mai furono aperti processi per crimini commessi all'estero. Le nazioni colpite dall'occupazione italiana, nonostante gli accordi internazionali prevedessero la loro estradizione cercarono di ottenere l'estradizione di svariati dirigenti militari, senza alcun successo.

Massacri delle foibe
Con il termine "foibe" si intendono le uccisioni di migliaia di cittadini italiani compiute per motivi etnici-politici alla fine (e durante) la seconda guerra mondiale in Venezia Giulia e Dalmazia, per lo più compiuti dall'Armata Popolare di Liberazione della Jugoslavia. In misura minore e con diverse motivazioni furono coinvolti nei massacri anche cittadini italiani di nazionalità slovena e croata, oltre che alcuni cittadini di nazionalità tedesca e ungherese residenti a Fiume.

Il nome deriva dagli inghiottitoi di natura carsica dove furono rinvenuti i cadaveri di centinaia di vittime e che localmente sono chiamati "foibe". Per estensione i termini "foibe" e il neologismo "infoibare" sono in seguito diventati sinonimi degli eccidi, che furono in realtà perpetrati con diverse modalità.

L'invasione della Iugoslavia
Nell'aprile del 1941 l'Italia partecipò all'attacco dell'Asse contro la Iugoslavia, in seguito al colpo di stato che aveva spodestato il governo di Belgrado il 25 marzo 1941 instaurando una giunta filo-inglese e filo-sovietica. L'Italia si annesse una grande parte della Slovenia (dove fu costituita la provincia di Lubiana), la Dalmazia settentrionale e le Bocche di Cattaro.

Inizialmente tranquilla per gli italiani, la situazione nei territori ex iugoslavi annessi, divenne incandescente dopo l'aggressione tedesca all'URSS il 22 giugno 1941, allorché le cellule comuniste "dormienti" in tutta Europa vennero scatenate da Stalin contro l'ex alleato dell'Asse. In tutta la Jugoslavia, allora, iniziò una feroce guerriglia - ben presto degenerata in guerra civile - che coinvolse le truppe italiane in un crescendo di violenze e atrocità reciproche. La repressione italiana fu pesante e in molti casi furono commessi crimini di guerra.

L'annessione unilaterale da parte dell'Italia di parte dei territori già jugoslavi provocò inoltre un ulteriore inasprimento delle relazioni fra slavi e italiani. Nella provincia di Lubiana si provò ad instaurare un regime d'occupazione morbido e rispettoso delle peculiarità locali. Tuttavia l'insorgere di un movimento di resistenza, provocò la nascita di una violenta repressione.

In Dalmazia venne da subito instaurata una politica di italianizzazione forzata, spesso ottusa e maldestra, che esasperò i rapporti con la popolazione, suscitando la riprovazione degli stessi dalmati italiani.
Per reprimere la guerriglia furono istituiti campi di concentramento in cui furono reclusi elementi slavi giudicati "sediziosi". Tra questi si ricordano quelli di Arbe e di Gonars.
Il massacro

1943: armistizio e prime esecuzioni
L'8 settembre 1943 con l'armistizio tra Italia e Alleati, si verifica il collasso del Regio Esercito. Il 9 settembre le truppe tedesche entrarono a Trieste. In questo periodo (13 settembre 1943) si proclamò il "distacco" dell'Istria dall'Italia e l'annessione alla Jugoslavia. Il 29 settembre 1943 venne istituito il Comitato esecutivo provvisorio di liberazione dell'Istria.

Parallelamente al consolidamento del controllo germanico sul capoluogo giuliano, su Pola e su Fiume, i partigiani occuparono buona parte della penisola istriana, mantenendo le proprie posizioni per circa un mese. Improvvisati tribunali popolari, che rispondevano ai partigiani dei Comitati popolari di liberazione emisero centinaia di condanne a morte. Le vittime furono rappresentanti del regime fascista e dello Stato italiano, oppositori politici, ma anche semplici personaggi in vista della comunità italiana e potenziali nemici del futuro Stato comunista jugoslavo che s'intendeva creare. A Rovigno il Comitato rivoluzionario compilò una lista contenente i nomi dei fascisti, ma anche di persone estranee al partito ma rappresentanti lo stato italiano, i quali vennero arrestati e condotti a Pisino. In tale località furono condannati e giustiziati assieme ad altri fascisti italiani e croati. La maggioranza dei condannati fu scaraventata nelle foibe o nelle miniere di bauxite, alcuni mentre erano ancora in vita.

In Dalmazia, il 10 settembre, mentre Zara veniva presidiata dai tedeschi, a Spalato ed in altri centri entravano i partigiani. Vi rimasero sino al 26 settembre, sostenendo una battaglia difensiva per impedire la presa della città da parte dei tedeschi. Mentre si svolgevano quei 16 giorni di lotta, fra Spalato e Traù i partigiani soppressero 134 italiani, compresi agenti di pubblica sicurezza, carabinieri, guardie carcerarie ed alcuni civili.

Secondo le stime più attendibili, le vittime del periodo settembre-ottobre 1943 nella Venezia Giulia, si aggirano sulle 600-800 persone. Alcune delle uccisioni sono restate impresse nella memoria comune dei cittadini per la loro efferatezza: tra queste sono Norma Cossetto, don Angelo Tarticchio, le tre sorelle Radecchi (Fosca di 17 anni, Caterina di 19, Albina di 21 anni e in gravidanza). Norma Cossetto ha ricevuto il riconoscimento della medaglia d'oro al valor civile.

I ritrovamenti dell'autunno 1943
Con l'espulsione dei partigiani divenne possibile eseguire varie ispezioni nella foibe, dove furono rinvenuti i resti di numerosi cadaveri. Il compito di ispezionare le foibe fu affidato al maresciallo dei Vigili del Fuoco Arnaldo Harzarich di Pola, che condusse l'indagini da ottobre a dicembre del 1943.

La propaganda fascista diede ampio risalto a questi ritrovamenti, che suscitarono una forte impressione. Fu pertanto in questo periodo che il concetto di foiba fu associato agli eccidi. Paradossalmente, l'enfasi data ai ritrovamenti alimentò il mito del "barbaro slavo", contribuendo a creare il clima di terrore che favorì il successivo esodo.

Il massacro delle foibe fu allo stesso tempo una conseguenza dei rancori sviluppatisi fra contrapposte nazionalità e uno strumento di repressione violenta operato da un regime antidemocratico.

Tale punto di vista è condiviso anche dalla "Commissione storico-culturale italo-slovena", istituita nel 1993. Nella relazione finale, edita nel 2000, si afferma infatti: « Paragrafo 11 - Tali avvenimenti si verificarono in un clima di resa dei conti per la violenza fascista e di guerra ed appaiono in larga misura il frutto di un progetto politico preordinato, in cui confluivano diverse spinte: l'impegno ad eliminare soggetti e strutture ricollegabili (anche al di là delle responsabilità personali) al fascismo, alla dominazione nazista, al collaborazionismo ed allo stato italiano, assieme ad un disegno di epurazione preventiva di oppositori reali, potenziali o presunti tali, in funzione dell'avvento del regime comunista, e dell'annessione della Venezia Giulia al nuovo Stato jugoslavo. L'impulso primo della repressione partì da un movimento rivoluzionario che si stava trasformando in regime, convertendo quindi in violenza di Stato l'animosità nazionale ed ideologica diffusa nei quadri partigiani. »

“Jacquerie”
I massacri del 1943 e del 1945 ebbero una componente di insofferenza nei confronti del regime fascista e nei confronti dell’Italia in quanto tale. Quest'ultima aveva le sue radici nelle vecchie contrapposizioni nazionali ed all'italianizzazione fascista (che tuttavia le esacerbò). I rapporti degenerarono ulteriormente a causa dell'invasione della Jugoslavia.

Parte dei massacri avvennero quindi nel contesto di una "jacquerie", ossia di un'insurrezione spontanea dei ceti popolari jugoslavi, esasperati dalla guerra e dalla repressione e in cui molti colsero anche l'opportunità di portare avanti vendette personali. Questa jacquerie si rivolse non solo verso i rappresentanti del regime fascista, ma anche verso gli italiani in quanto tali. Nell'immaginario popolare jugoslavo dell'epoca si tendeva, infatti, a far coincidere i concetti di "italiano" e di "fascista"; uno stereotipo che ancor oggi è diffuso.

L'ombelico sporco

In un Paese che si guarda costantemente l'ombelico è bene sentir parlare un giornalista che analizza con dettaglio la nostra realtà, e ci mostra come non siamo i migliori del mondo ma nemmeno i migliori di questa piccola parte del pianeta.

L’Italia contro se stessa
Pubblicato giovedì 4 dicembre 2008 in USA - Alexander Stille
[The New York Review of Books]
Gianni Alemanno, con un passato neofascista alle spalle, è stato eletto sindaco di Roma a fine aprile, due settimane dopo il ritorno al potere di Silvio Berlusconi e della sua coalizione con una consistente maggioranza ottenuta alle elezioni politiche nazionali. In seguito la stampa internazionale ha dato molta importanza alla folla di giovani neofascisti che ha fatto il saluto romano sui gradini del Campidoglio. Ma forse ancor più importante è stata la contemporanea parata di tassisti romani che suonavano trionfalmente il clacson, in giubilo non tanto per l’elezione dell’ex “bullo di quartiere” quanto per la sconfitta dell’amministrazione di centro-sinistra che aveva proposto di ampliare il numero delle licenze dei taxi. E’ risaputo che i taxi sono difficili da trovare a Roma. Il tentativo di migliorare i trasporti in città però andava contro gli interessi dei possessori delle licenze, che per i tassisti rappresentano un qualcosa di sicuro in un mondo incerto.

La celebrazione dei tassisti ci mostra un paese in conflitto con se stesso, paralizzato, malfunzionante, arrabbiato, pauroso, intensamente insoddisfatto. ma che non vuole intraprendere la via di un qualsivoglia cambiamento che minaccerebbe il delicato tessuto di privilegi di questo o quel gruppo protetto.

Un paese come l’Italia che è allo stremo a causa di un’imposizione fiscale pesante, ma che rimane in silenzio quando Berlusconi blocca la vendita della compagnia aerea nazionale, l’Alitalia, nonostante questa versi, come contribuente, in stato finanziario addirittura emorragico; un paese che detesta il governo, ma che si aspetta di avere un’educazione e un’assistenza sanitaria gratuita e che cerca vantaggi dalle opportunità offerte da un vasto sistema di patronato politico; un paese che si aggrappa al suo alto standard di vita e al suo welfare generoso, ma che fantastica di cacciare milioni di lavoratori stranieri che oggi producono qualcosa come il 10% del Prodotto Interno Lordo. La presenza lavorativa dei lavoratori stranieri è tuttavia la sola realistica speranza per il mantenimento del sistema pensionistico italiano in un paese in cui la popolazione diventa di anno in anno sempre più anziana.

Che gli italiani potessero rieleggere Silvio Berlusconi precedente Presidente del Consiglio, bocciato solo due anni prima, non è così sorprendente come potrebbe sembrare. Il governo di centro-sinistra di Romano Prodi si è insediato nel 2006 dopo che l’Italia aveva vissuto cinque anni di crescita economica e produttiva quasi pari a zero. La continua autocelebrazione di Berlusconi andava di pari passo con la miriade di conflitti di interesse in cui è coinvolto come persona più ricca d’Italia e più grande proprietario di media, nonché più famoso imputato per reati di corruzione. Paralizzato il paese, erano in molti a ritenere che, con Berlusconi fuori gioco, l’economia sarebbe ripartita. Tuttavia, dal governo Prodi, che approdava nuovamente al potere con una sottile maggioranza di appena un voto al senato, ed una coalizione litigiosa ed eterodossa, era difficile aspettarsi di meglio. Non appena Prodi tentava di introdurre le riforme nell’economia, i membri di parte comunista della sua coalizione minacciavano di fare una rivolta. Poco tempo dopo, in risposta al tentativo di far passare una legge che permettesse le unioni civili di coppie gay (e non gay), il partito cattolico alla sua destra si ammutinava.

Una delle poche cose che Prodi è riuscito a far passare è stata un’amnistia per i criminali, che era stata fortemente voluta da Berlusconi e che era stata disegnata in modo abbastanza chiaro per mantenere fuori di prigione Cesare Previti, l’importante avvocato d’azienda di Berlusconi, che era stato imputato per tangenti ai giudici. E così dopo poco tempo dall’entrata in carica, il pubblico italiano ha dovuto assistere allo spettacolo poco edificante di vedere liberati 26.000 criminali, molti dei quali sono rapidamente tornati a rubare, stuprare e uccidere, mentre un gruppo di criminali con i colletti bianchi, come Previti, è stato messo nella condizione di poter tornare a godere dei propri guadagni illeciti.

In modo simile, il governo Prodi ha fatto passare un’altra legge, nuovamente con l’aiuto entusiasta di Berlusconi e della destra, per rendere illegale il reperimento e l’uso da parte dei Pubblici Ministeri di prove contro membri del Parlamento per mezzo di intercettazioni telefoniche della polizia. In altre parole, se la polizia seguisse le tracce di un pericoloso criminale e a questi capiti di chiamare il suo buon amico in parlamento, gli investigatori non potrebbero indagare sulle malefatte del potenziale criminale in parlamento, né tantomeno usare le intercettazioni contro di lui.

In questo modo un’amministrazione che aveva promesso un governo alternativo e pulito rispetto a quello precedente di Berlusconi, è parsa all’elettorato come non più decisa del precedente nell’affrontare la corruzione, il sistema clientelare e l’infiltrazione della mafia nelle istituzioni. Le montagne di spazzatura seminate qua e là a Napoli e dintorni hanno continuato ad accumularsi sotto il governo Prodi così come sotto il governo Berlusconi. Ma ancor più importante per gli elettori, l’economia manteneva la situazione di stallo, unita ad un ancora maggiore instabilità politica.

Disillusi, molti elettori italiani sono arrivati alla conclusione che c’era poca differenza tra i politici di sinistra e quelli di destra e che presi insieme erano semplicemente una casta corrotta, che da sé si perpetuava. Non si tratta solo di godere di straordinari privilegi e salari assurdamente alti, i politici rappresentano anche un vistoso buco per le risorse pubbliche. Il libro “La casta” riporta un tale stato delle cose. In cima alle classifiche di vendita tra i saggi per gran parte dell’anno, nel libro viene ci si chiede: perché l’Italia, con 1/5 della popolazione degli Stati Uniti, debba avere in Parlamento il doppio dei membri dei rappresentanti del Congresso americano? E perché i politici devono guadagnare il doppio, girare in automobili con autista, avere telefonini, viaggi in aereo e treno gratuiti, ottenere una pensione a vita anche dopo solo due mandati, oltretutto se molti di loro mantengono attività di lucro private e nemmeno si presentano sul posto di lavoro quando dovuto?

La rabbia dell’elettorato italiano va molto oltre la delusione verso il governo Prodi che non ha pienamente meritato una tale, dura condanna pubblica. I problemi italiani, purtroppo, sono molto più profondi, più strutturali, e non facili da risolvere.

Dalla fine della II Guerra Mondiale fino al 1990 l’economia italiana è stata una della più forti del mondo, non molto inferiore a quelle di Germania Ovest e Giappone, crescendo ad una media del circa 5% negli anni ‘50 e ‘60 e con un salutare 3% negli anni ‘70 e ‘80, disseminando prosperità, alfabetizzazione ed un generoso sistema di servizi e benefici in una terra come l’Italia con una lunga storia di avversità e miseria. Per gli studenti di politica contemporanea ciò offriva un affascinante paradosso. L’Italia restituiva l’immagine di un paese con un terribile sistema politico caratterizzato da un continuo vai e vieni di governi insieme a scandali, crisi di governo, livelli alti di corruzione, una burocrazia dispendiosa e inefficiente. Eppure, anno dopo anno, l’economia continuava a crescere. Nel 1989 il prodotto interno lordo dell’Italia era quasi uguale a quello della Gran Bretagna.

Ma, negli ultimi 15 anni, questa combinazione precaria - di corruzione, malgoverno e crescita economica alta - si è bloccata. Il prodotto interno lordo è cresciuto ad una media dell’1,1% rispetto al 2,3% del Regno Unito, al 2,8% della Spagna, all’1,7% della media dell’intera UE. L’economia italiana, come conseguenza, è ora più piccola di quella inglese del 20% e, secondo recenti calcoli, è stata superata da quella spagnola. Le entrate disponibili sono state praticamente stagnate negli ultimi 15 anni, e il disequilibrio nei redditi è il più alto della UE, dal cui dato si ricava che lo standard di vita di molti è nei fatti diminuito.

Due libri recentemente pubblicati offrono diagnosi radicalmente differenti l’una dall’altra riguardo a cosa starebbe non funzionando. Il primo “La deriva: perché l’Italia rischia il naufragio” del giornalista Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, è il seguito del loro best-seller “La casta”. Si tratta di una graffiante accusa nei confronti del sistema politico italiano e dei suoi devastanti effetti sul Paese. Il secondo “La paura e la speranza” è opera del Ministro delle Finanze di Berlusconi, Giulio Tremonti.

Più che in qualsiasi altro Paese in Europa, argomentano Stella e Rizzo piuttosto persuasivamente, l’Italia ha un’elite prettamente maschile che sta invecchiando, che soffoca iniziative e cambiamenti in modo da perpetuare il proprio potere. Circa il 60% dei politici e dei sindacalisti italiani ha più di 70 anni. In Francia, al contrario, la percentuale è del 20%. Nei Paesi scandinavi circa del 38%. L’Italia ha anche i livelli più bassi di partecipazione femminile in politica e nei posti di lavoro fra i paesi europei. Quando i politici affermati non riescono a vincere le elezioni, riescono a farsi riciclare nelle posizioni di clientele locali, oppure nella sanità o nel parlamento europeo. Il risultato è una deprimente mancanza di ricambio nelle istituzioni italiane.

Del resto, ciò non è vero solo in politica. Le Università, per esempio, che dovrebbero essere una parte essenziale nell’economia dell’informazione in quanto centri di innovazione, ricerca e meritocrazia, sono invece dei bastioni del privilegio e delle clientele in cui le decisioni riguardanti le assunzioni non sono aperte e corrette, ma sono continuamente truccate a favore di amici, relazioni o portaborse dei cosiddetti “baroni” (docenti ordinari universitari).

Stella e Rizzo raccontano la storia del sistema delle assunzioni truccato nella facoltà di medicina dell’Università di Napoli, in cui i baroni locali falsificarono documenti in modo da garantire che i loro candidati favoriti, incluso il figlio del barone-capo, vincessero quello che si presumeva essere un bando di concorso aperto a tutti. Ma nonostante siano stati per l’ennesima volta ritenuti colpevoli, dopo una serie di contese legali durata 18 anni, i querelati hanno continuato a tenere il proprio posto che avevano vinto illegalmente.

Addirittura dopo che i docenti malfattori hanno perso la causa all’ultimo grado di appello, il Ministero dell’Istruzione ha deciso di lasciar loro gli incarichi con un un atto scritto in perfetto burocratese: “Annullare un atto ministeriale non può essere eseguito in base alla sola necessità di restaurare la legalità”. La traduzione è: “Solo perché qualcuno è sottoqualificato ed è stato condannato non significa che non possa mantenere la sua cattedra universitaria”. La decisione, presa da Antonello Masia, direttore generale del Ministero, era abbastanza prevedibile da parte dei membri della casta per proteggere se stessi. Masia ha prestato servizio per 37 anni e ripete con piacere questa frase: “I ministri vanno e vengono, ma il direttore generale rimane”, vero e proprio mantra della burocrazia permanente che vede se stessa come immune dal controllo politico e dall’opinione pubblica.

In questo sistema, i più brillanti e ambiziosi studenti, che hanno vinto borse di studio nelle maggiori Università negli USA, Gran Bretagna ed altrove, sono spesso trattati come se gli anni spesi all’estero siano da buttare dal momento che non sono rimasti in Italia aspettando in fila per ottenere l’appoggio dei baroni. Il risultato è stato una gran fuga di cervelli fuori dell’Italia. Università americane, francesi, inglesi, laboratori di ricerca, ospedali, compagnie sono pieni di giovani talenti italiani che si sono scocciati dell’Italia e l’hanno lasciata.

Sempre più si ritrova in Italia una burocrazia egoista che mantiene il suo potere attraverso una giungla di regole e regolamenti ultracomplicati che rendono qualsiasi cosa estremamente difficoltosa, che fanno consumare tempo, e sono costose. Aprire un’attività in Italia in media costa 5.012 euro per i permessi necessari, e richiede 62 giorni in cui bisogna superare 16 diversi ostacoli burocratici. Nel Regno Unito costa 381 euro, 4 giorni e 5 procedure. Negli USA, costa 167 euro, 4 giorni e 4 procedure.

Portare a termine un grosso incarico pubblico in Italia (ad esempio della cifra di 50 milioni di euro o più) richiede una media di 2.137 giorni che significa quasi 6 anni. In Spagna ci sono voluti solo 3 anni per estendere la metropolitana di Madrid di circa 56 km con 8 stazioni di cambio e 28 stazioni ordinarie. Creare la rete dell’Alta Velocità in Italia costa più di 4 volte quanto speso in Francia o Spagna e quella esistente è lenta. Un treno che va da Madrid a Barcellona ci mette solo 2 ore e 20 minuti, mentre a viaggiare tra Milano e Roma si impiega il doppio del tempo, anche se la distanza è leggermente inferiore.

Stella e Rizzo sono sono nel giusto quando percepiscono che un tale fallimento sia pervasivo tanto da creare una potente sinergia negativa in quasi tutti gli aspetti della vita italiana. La paralisi del sistema giudiziario mette in pericolo il ruolo di base della legge, uno dei pilastri del funzionamento del sistema economico. La lunghezza media per risolvere una vertenza su di un contratto non rispettato è di 1.210 giorni (quasi 4 anni), mentre in Spagna (il secondo peggiore Paese in lista) è di soli 515 giorni; in Francia è di 331 giorni; in Gran Bretagna di 217 giorni. In Italia ci si mette la durata astronomica di 90 mesi (quasi 8 anni) per impedire il riscatto di un’ipoteca di una persona che non paga più il mutuo. In Spagna dura mediamente 11 mesi, in Danimarca 6.

Un sistema così lento e farraginoso sembrerebbe pura follia, ma ci sono delle ragioni che lo spiegano. La moltiplicazione delle procedure, dei permessi, delle regole e delle strettoie burocratiche crea un numero straordinario di punti di pressione nei quali l’amministrazione può controllare, eliminare, ritardare o accelerare un progetto. Ognuno di questi è per un burocrate o un politico un’opportunità in più per esercitare il potere e sfruttare il sistema di clientele per la concessione e richiesta di favori. Un’autostrada che costa il doppio di quanto stabilito in partenza ha i suoi vantaggi (non solo per i politici che ottengono tangenti, ma per tutti coloro che vi lavorano attorno). Non ha gli stessi vantaggi il resto del paese, che deve avere a che fare con infrastrutture di second’ordine - da porti, autostrade e ferrovie maltenuti o malfunzionanti, a cellulari ed elettricità molto cari - uniti ad una pesante imposizione fiscale, servizi scarsi ed un sistema di promozione che è diventato l’esatto opposto della meritocrazia. Non sorprende che l’Italia a partire dal 2001 sia scivolata dal 24esimo al 41esimo posto nella lista dell’indice di competizione globale (GCI).

Non è una pura questione di corruzione istituzionalizzata. Purtroppo, il problema va ancora più in profondità. In un capitolo Stella e Rizzo parlano della tendenza di ogni gruppo italiano a formare un “ordine” o “gilda”; la lealtà ad un gruppo spesso vince ogni senso di bene comune. Perciò il direttore generale del Ministero dell’Istruzione che rifiuta di licenziare i professori che sono entrati in modo irregolare nell’Università si comporta come se non stesse compiendo un atto di corruzione al livello personale, ma agisce per fedeltà ad una gilda, non favorendone pertanto un’altra, ad esempio, in tal caso quella dei magistrati, che potrebbe interferire negli interessi di quella propria.

A causa delle differenti ideologie ci sono gruppi di pressione di tutti i tipi che cospirano per rendere l’efficienza impossibile. Come molte altre nazioni europee l’Italia ha delle risorse energetiche naturali molto scarse e deve importare quasi tutto il petrolio ed il gas (un ulteriore peso sull’economia). Altri paesi europei hanno investito seriamente nell’energia alternativa. La Spagna ottiene il 7,5% della sua energia dall’eolico, mentre l’Italia non produce che l’1%. La Germania utilizza 75 volte di più l’energia solare rispetto all’Italia sebbene quest’ultima abbia ovviamente molta più energia solare da sfruttare. La Francia genera il 68% della propria elettricità dal nucleare, che l’Italia non possiede affatto. L’Italia, semplicemente, non ha una politica energetica.

Mentre Stella e Rizzo restituiscono una descrizione del problema tanto convincente quanto sconvolgente, essi non spiegano perché le cose sono peggiorate. Il sistema italiano non era di certo un modello di efficienza e virtù tra la fine della II Guerra Mondiale e gli anni ’80, durante i quali il paese comunque era tra quelli che mostravano una crescita tra le più veloci del mondo. Cosa è cambiato che ha reso il sistema italiano quel peso morto che dà l’impressione di essere diventato?

Il declino economico dell’Italia è divenuto visibile negli anni ’90, un periodo che coincideva con l’unificazione economica dell’Europa, l’adozione dell’euro e lo smantellamento di un regime tariffario che proteggeva molte merci italiane dalla competizione straniera, specialmente dall’Asia. L’Italia è stata colpita più fortemente che altri paesi da tali cambiamenti. In un regime di mercato vecchio e protetto pesantemente, la connessione con l’establishment politico conferiva vantaggi notevoli: il governo italiano comprava macchine Fiat e computer Olivetti, sussidiava la costruzione di nuovi stabilimenti e teneva fuori la competizione giapponese. Durante periodi di rallentamento economico, la lira veniva svalutata per rendere più economici i prodotti italiani e quindi più competitivi all’estero. Ma dopo il 1992, gli italiani iniziarono a competere all’improvviso con il mondo intero e il governo italiano, unendosi al regime monetario europeo, aveva perso il suo potere di utilizzare la svalutazione della lira quando le cose andavano male.

Più che in altri Paesi europei l’Italia è stata sensibile alla competizione da parte delle economie asiatiche a basso costo. L’economia italiana è composta da uno straordinario tessuto di aziende a conduzione familiare che producono articoli nel campo del tessile, dell’abbigliamento, delle scarpe, dei mobili, che generalmente non richiedono grandi quantità di capitale da investire e di tecnologia da utilizzare e che pertanto sono vulnerabili a concorrenti che pagano salari bassi. L’Italia è presente in misura minima nel campo dell’industria basata sulla conoscenza (biotecnologie, finanza, aerospaziale, alta velocità, hardware e software dei computer) che è meno condizionata dai mutamenti del mercato rispetto alle economie a basso salario. Sotto questo aspetto, la miopia dei leader politici italiani porta con sé più d’una responsabilità. Il Paese investe molto meno degli altri paesi europei nella ricerca e nella tecnologia; l’Italia offre i dati peggiori del continente per quanto riguarda i ricercatori scientifici, la percentuale di laureati universitari e il numero di brevetti rilasciati ogni anno.

La corruzione e l’inefficienza pare essere diventata ancora peggio negli ultimi anni. Negli anni ’50, Stella e Rizzo scrivono, il paese ha costruito in 8 anni la sua autostrada principale, l’Autostrada del Sole, da Milano a Napoli. Ma riparare la più breve autostrada Salerno-Reggio Calabria, un progetto non ancora finito, ha già richiesto più di 25 anni ed è costato 5 volte di più per chilometro rispetto alla costruzione dell’Autostrada del Sole.

Un altro problema che ha caratterizzato il periodo dopoguerra è stato l’effetto virtuale di un solo partito al potere. Il dominio ininterrotto della Democrazia Cristiana e la serie di partiti satellite, dal 1946 al 1993, sono serviti da terreno fertile per la corruzione, mentre i governi si sono accollati debiti che solo ora appaiono gravosi. Nonostante il proprio dominio, la DC era abbastanza cooperativa in questi anni con l’opposizione politica, specialmente con il Partito Comunista Italiano. I movimenti di protesta della fine degli anni ’60 e ’70 spinsero la DC ad allargare il welfare italiano in modo da affievolire la tensione sociale, creando molti dei sistemi che sono ora cresciuti incontrollatamente. Gli altri paesi europei hanno creato programmi sociali simili, ma il debito italiano è oggi il doppio della media europea. Interessando più del 100% del PIL, il debito pubblico rende il governo poco propenso a tagliare le tasse o a spendere utilmente per educazione, ricerca e sviluppo.

Alcune industrie hanno in passato istituito ciò che si chiamano le “baby-pensioni”, che permettono a centinaia di migliaia di italiani di andare in pensione con quasi il massimo nonostante abbiano ancora tra i 30 e i 50 anni. L’Italia ha quasi mezzo milione di persone che sono andate in pensione secondo questa modalità e che lo sono da 40 anni. E’ in gran parte per coprire tali costi che si è creato questo enorme buco di debiti che inghiotte il 10% del PIL.

A danneggiare l’Italia è stato in particolar modo l’influenza del leader del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi, che era determinato ad ottenere accesso al denaro e al patronato politico per espandere il potere del suo piccolo partito. “Porta dentro voti e soldi” Craxi disse ad uno dei suoi uomini nominandolo all’assemblea della compagnia nazionale dell’elettricità (ENEL). Ansioso di diventare un grande partito capace di competere con la DC e con i comunisti, Craxi e i suoi uomini sono riusciti a codificare la corruzione per un sistema ad un livello e ad un tipo di rapacità che era di fatto nuova.

Il risultato fu una corsa sfrenata nella corruzione che progressivamente è uscita fuori controllo: il sistema giudiziario era lento e inefficiente, i parlamentari godevano di impunità da indagini, i politici non andavano mai realmente in prigione. I politici che rubavano avanzavano più rapidamente. Craxi stesso è divenuto il ministro italiano che ha servito più a lungo la carica di Presidente del Consiglio (1983-1987) prima di Berlusconi. E’ fuggito poi in Tunisia nel 1994, una volta divenuto chiaro che le condanne lo avrebbero portato in galera.

La lunga permanenza al potere dello stesso gruppo di partiti in Italia significa, più che altrove, che il sistema politico non è stato ripulito e che i partiti di governo sono in grado di orchestrare un sistema dove i politici mettevano le dita sui punti nodali dell’economia. Ogni progetto, dalla costruzione di un ponte all’apertura di un negozio, all’aggiunta di un bagno in casa, dipende da un amico al potere.

Oltretutto, il potere del crimine organizzato in Italia è molto maggiore rispetto agli altri grandi stati europei, rappresentando circa il 7% del PIL, facendone quindi uno dei settori di affari più prolifici nel Paese. Nell’Italia meridionale, in cui il crimine organizzato è maggiormente radicato, si pilotano i contratti dei lavori pubblici, rallentando i progetti in modo da spremere lo Stato quanto più possibile e mettendo in fuga gli affari legali anche di investitori stranieri, che non vogliono essere soggetti a estorsione. In 8 delle 20 regioni italiane – l’intero Sud dell’Italia comprese Sicilia e Sardegna – non c’è praticamente nessun investimento di capitale straniero.

Non è quindi un caso che il maggiore vincitore delle recenti elezioni sia stata la Lega Nord, un partito di destra che ha indirizzato molta della sua rabbia verso il sistema di patronato dell’Italia meridionale e verso lo Stato centralizzato e corrotto che lo mantiene al potere. La domanda chiave della Lega è quella di un federalismo fiscale che permetterebbe alle comunità locali di mantenere una parte significativa delle entrate e di limitare massicciamente il flusso di soldi da nord a sud. Il partito della Lega ha raddoppiato i propri voti a livello nazionale (dal 4 all’8,2%), ottenendo più del 21% dei voti in Lombardia e più del 27% per cento in Veneto, le più alte percentuali in un sistema elettorale proporzionale con più partiti. Un elettorato arrabbiato ha scelto il partito italiano più arrabbiato.

Allo stesso modo, le elezioni di aprile hanno eliminato molti piccoli partiti del paese. Gli elettori sono sembrati volerli decisamente punire per aver ostacolato i lavori. Il Partito Comunista Italiano (Rifondazione Comunista), presente dall’inizio del secondo dopoguerra, è scomparso così come altri partiti della sinistra. Questi ultimi sono stati percepiti, non senza verità, come “partiti del no” determinati a bloccare qualsiasi iniziativa di riforma strutturale dell’Italia negli ultimi anni.

Le cose andranno meglio per gli italiani con il nuovo governo Berlusconi? C’è una profonda contraddizione nella sua coalizione che raggruppa la Lega Nord e il Popolo delle Libertà di Berlusconi, quest’ultima una fusione del suo vecchio partito, Forza Italia, ed un partito di destra, Alleanza Nazionale. I sostenitori della coalizione provengono da due aree molto differenti, il nord e il sud, ed è debole solo nella “cintura rossa” nel centro, che tradizionalmente votava sinistra. Ma nel nord, dove la Lega Nord è forte, gli elettori non si fidano dello Stato centrale e della sua dipendenza dalla corruzione e dal sistema di patronato mafioso; mentre nel sud, la base del potere di Berlusconi deriva precisamente da questo sistema con tutta la corruzione e i legami con la criminalità organizzata che lo caratterizzano.

Uno dei libri più divertenti e più di successo dell’anno sulle elezioni “Se li conosci li eviti” di Peter Gomez e Marco Travaglio, è una specie di almanacco dei peggiori candidati in lista per le elezioni lo scorso aprile, corredato di lunghi schedari contenenti i trascorsi criminali di molti di loro. Nel caso del Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi, agli autori servono letteralmente un centinaio di pagine per documentare il numero di candidati che sono stati arrestati o investigati con accuse che vanno dalla collusione mafiosa all’estorsione e alla frode. Credere che queste persone ripristineranno il ruolo della legge ed elimineranno il sistema di patronato, corruzione e infiltrazione di organizzazioni criminali nello stato, è ai limiti del credibile. Berlusconi è il principale erede politico del suo amico Bettino Craxi ed è riuscito ad evitare la campagna anticorruzione conosciuta come Mani Pulite - che ha condannato Craxi per corruzione – che minacciava lui e le sue varie aziende. Più che qualsiasi altro italiano, egli è responsabile per il blocco del sistema giudiziario italiano.

Un indizio rivelatore di quello che potrebbe riservare il nuovo governo Berlusconi ce lo dà “La paura e la speranza” di Giulio Tremonti, che è diventato un bestseller a sorpresa. Tremonti, ex uomo di sinistra che ha trovato fama e fortuna nella destra, è l’attuale (e precedente) Ministro delle Finanze di Berlusconi. Il suo libro sembra più una polemica antiglobalizzazione alla Naomi Klein piuttosto che l’analisi del Ministro delle Finanze di un governo conservatore. Tremonti attacca quello che egli definisce “marketism” - la feticizzazione del mercato, la riduzione di tutti i valori umani a dollari e centesimi - e denuncia l’apertura dei mercati europei alla competizione asiatica, che a suo parere è stata catastrofica per la produzione italiana. Tremonti si augura una politica “d’identità”, con la quale il Ministro intende un qualche tipo di politica industriale disegnata per rafforzare le istituzioni italiane e i loro valori.

Questo è un messaggio invitante lanciato agli italiani a cui non dispiace imputare i propri problemi a qualche minaccia esterna o a lavoratori stranieri. Quale identità politica intenda Tremonti per la gestione dell’economia, comunque, risulta evidente dalla difesa a tutti i costi della compagnia aerea nazionale, l’Alitalia, anche se la questione rappresenta il punto forse più saliente di cosa non va in Italia. L’Alitalia perde centinaia di milioni di dollari ogni anno ed è tenuta a galla solo grazie ai contribuenti.

Alitalia ha i costi più alti e la più bassa efficienza rispetto ai suoi principali concorrenti ed il suo sostegno da parte del governo italiano è in diretta violazione delle direttive UE in materia di prevenzione della concorrenza sleale. Nella prima parte dell’anno, il Governo Prodi, malgrado l’opposizione da parte dei suoi sostenitori nel sindacato, si è adoperato per vendere Alitalia ad Air France, a condizioni estremamente vantaggiose. Ma Berlusconi, il cosiddetto liberista, ha obiettato, dichiarando che l’Alitalia doveva rimanere italiana, accennando al fatto che i suoi due figli, che gestiscono gli affari mentre lui occupa di politica, sarebbero potuti venire in aiuto comprando la compagnia aerea nazionale e avanzando poi la proposta di un gruppo di uomini d’affari italiani che potrebbero essere stati interessati all’acquisto, se ben informati sui possibili vantaggi.

Va notato che i leader della Lega Nord si sono opposti alla vendita, asserendo che la cosa sarebbe equivalsa all’invasione medioevale di Federico Barbarossa nell’Italia settentrionale. Si sono dichiarati preoccupati in particolar modo del fatto che la prima mossa di Air France sarebbe stata di eliminare Malpensa come “hub” principale per via delle sue consistenti perdite. La Lega ha dimostrato in tal modo di non volere staccarsi dal sistema clientelare italiano.

Ora che Alitalia è sull’orlo della bancarotta, Berlusconi si sta organizzando per vendere la compagnia ad un consorzio italiano in modo da guadagnare così fiducia e contratti. L’affare finale sarà molto più costoso per i contribuenti italiani che non la vendita ad Air France e comporterà maggiori tagli del personale (ed anche questa possibilità pare di nuovo essere in dubbio). Difficilmente ci si aspetterebbe una cosa del genere da un Presidente del Consiglio che dice di tenere sul comò la foto di Margareth Thatcher.

Così come con le sue due precedenti incarnazioni da Primo Ministro nel 1994 e nel 2001, Berlusconi non è nuovamente riuscito a mostrare di saper gestire i problemi nodali e di fare scelte decisive. Al contrario, ha fatto passare leggi che permettono ad uno dei suoi canali televisivi di mantenere la frequenza che avrebbe dovuto invece cedere - secondo il regolamento europeo e secondo le leggi italiane - ad un concorrente o, in alternativa, passare al satellite. Berlusconi ha anche proposto una legge per impedire le intercettazioni della polizia in qualsiasi caso eccetto in quelli riguardanti terrorismo o crimine organizzato - dunque in caso di tangenti, corruzione e frode non si possono effettuare intercettazioni – ed una legge e per condannare fino a 5 anni i giornalisti che pubblicano intercettazioni.

Soprattutto, la nuova coalizione, in particolare la Lega Nord, ha puntato molto sulla paura verso l’immigrazione straniera. Uno dei leader della Lega, ora Ministro, ha chiesto di indire la “giornata del maiale” a Bologna dal momento che la città stava per far erigere una nuova moschea per i concittadini musulmani. Lo scopo era quello di inquinare il posto con maiale e prosciutto in modo da renderlo inutilizzabile per una moschea.

Uno dei poster per la campagna della Lega Nord mostrava un’immagine di un indiano americano con una lacrima che gli scorreva sulla guancia con su scritto lo slogan “hanno subìto l’immigrazione e ora vivono in riserve”. Il nuovo governo ha guadagnato popolarità attraverso le retate di immigranti clandestini e l’imposizione di impronte digitali a bambini zingari. Gli immigrati pagano per una percentuale di crimine non proporzionata, ma la criminalità è molto bassa tra gli immigrati legali. La semplice realtà tuttavia è che gli immigrati sono diventati il pilastro dell’economia italiana. Sebbene rappresentino il 6% della popolazione, essi da soli producono il 10% del prodotto interno lordo. Generalmente gli immigrati appartengono ad una fascia produttiva in età lavorativa, mentre l’Italia intera è un Paese in cui vi sono sempre più anziani ed in cui 1/5 della popolazione è in pensione. I lavoratori stranieri rappresentano qualcosa come il 20% della forza lavoro nelle industrie in settori di edilizia e agricoltura, anche in Lombardia, il nucleo del sentimento anti immigrati della Lega Nord. Una retorica dura anti-immigrati sarà pure ottima per fare della propaganda efficace, ma è un controsenso se si osserva la realtà economica e demografica del Paese.

C’è più di un motivo per poter credere che il terzo governo Berlusconi possa far più dei due precedenti. Berlusconi è ritornato al potere con una grande maggioranza in parlamento e una più forte coalizione con un numero inferiore di partner di governo con cui dividere il potere. Molti governi italiani, come lo scorso governo Prodi, sono stati indeboliti da negoziazioni senza fine con partner che hanno reso quasi impossibile una linea politica decisa e trasparente. All’età di 71 anni, con due amministrazioni senza successo alle spalle, Berlusconi sta pensando alla sua eredità e gli farebbe piacere mantenere la sua promessa di lasciare l’immagine di uomo che ha salvato l’Italia dai suoi problemi. Inoltre, la Lega Nord, ha puntato tutto sull’idea di federalismo fiscale, conosciuta in Italia come “devolution”, ossia un consistente aumento dell’autonomia regionale e locale. Si sta tentando di elaborare i dettagli di questa linea politica; se fatta intelligentemente, potrebbe dare un salutare scossone al Paese; se fatta malamente, potrebbe destabilizzare il sistema politico italiano e rendere l’attuale crisi ancora peggiore. Ma vista la profonda paralisi del Paese - e in assenza di altre idee migliori - potrebbe valer la pena provare.

Eppure il federalismo fiscale incontrerà il problema della dura opposizione da parte del sistema clientelare dell’Italia meridionale, fonte dalla quale Berlusconi riceve molti dei suoi voti. Dal canto suo, Berlusconi ha mostrato poco coraggio nell’affrontare il rischio dell’impopolarità su questioni prettamente politiche. Ad esempio, ha recentemente ritirato la proposta di riforma della scuola che ha suscitato proteste nelle strade. La riforma era di dubbio valore - concerneva in particolar modo tagli alle spese - ma intraprendeva anche azioni contro interessi radicati, per esempio, attraverso la chiusura di servizi sottoutilizzati in aree isolate. L’esperienza non è di buon auspicio per Berlusconi e la sua volontà di cambiare il sistema italiano.

I bravi capi della Grande Guerra

Le esecuzioni sommarie nella Grande Guerra e la decimazione di Monte Mosciagh.
Ormai che i festeggiamenti per il 4 Novembre sono avviati, ritengo che la memoria di questi fatti non debba andare persa, anche perché ci aiuta a riflettere sul fatto che le guerre é sempre meglio non dichiararle, a prescindere dalle ragioni che possono giustificarle, come peraltro ci ricorda anche l’articolo 11 della nostra Costituzione.


La disciplina delle truppe fu la prima preoccupazione di Cadorna.
Costituì per lui una vera e propria ossessione e questo fu particolarmente grave perché fra le nostre truppe non si verificarono episodi di indisciplina di massa.
I nostri soldati combatterono con grande coraggio e spirito di sacrificio in condizioni estreme, con carenze pesantissime di mezzi ed armamenti.
I soldati italiani, incolpevoli vittime di macroscopici errori altrui, furono pure ripetutamente accusati di vigliaccheria. Gli alti comandi diedero loro la colpa del fallimento di azioni che non avevano nessuna possibilità di riuscita. Furono ritenuti i primi responsabili delle peggiori disfatte come nel caso della Strafexpedition e della ritirata di Caporetto.
Cadorna si adoperò strenuamente perché la giustizia militare fosse inflessibile e improntata al rigore più estremo.
Richiamò costantemente i Tribunali di guerra affinché applicassero le pene più severe e ignorassero le già ristrette norme di tutela degli imputati, fino a rimuovere dall’incarico i magistrati che non si adeguavano alle sue direttive.
Le pressioni di Cadorna ebbero successo:
262.000 soldati processati (il 6% dei mobilitati) con condanna nel 62,6% dei casi.
4.028 condanne a morte di cui 1.061 in contraddittorio. 750 furono eseguite.
15.345 ergastoli.
Queste cifre, apparentemente irrisorie rispetto al numero di circa 650.000 caduti, fanno riflettere se comparate con quelle degli altri eserciti in campo. L’Italia é il paese che eseguì il maggior numero di condanne a morte (fatto salvo l’esercito russo), tenendo conto che combatté 10 mesi di meno:
Francia 650 fucilazioni in presenza di un esercito doppio.
Inghilterra 350 fucilazioni (esercito quasi uguale).
Germania meno di 50 fucilazioni.
La giustizia dei Tribunali colpiva quindi con estrema durezza, ma il Comando Supremo se ne dichiarò sempre insoddisfatto, tanto che prescrisse il ricorso alla giustizia sommaria, cioè all’esecuzione senza processo.
Il ricorso alla fucilazione senza processo era ammesso dal CPM e dalle Norme per il combattimento. Ma per considerare legittime le esecuzioni sommarie, dovevano presentarsi contemporaneamente 3 condizioni:
- flagranza del reato
- reato consumato “in faccia al nemico”
- pericolo grave ed immediato per la tenuta di un tratto di fronte.
In sostanza, si doveva ricorrere alla giustizia sommaria, solo se era l’unico modo di interrompere una gravissima azione nel corso di un combattimento.
Cadorna prescrisse invece il ricorso sistematico alla giustizia sommaria sin dal primo giorno di guerra con ripetute circolari e silurando chi non si adeguava.
Raccomandò inoltre, qualora non si riuscissero ad individuare i colpevoli, di ricorrere alla decimazione dei reparti in cui erano avvenuti i reati.
Circolare telegrafica dell’1/11/16: “Ricordo che non vi è altro mezzo idoneo per reprimere reati collettivi che quello di fucilare immediatamente maggiori colpevoli et allorché accertamento identità personale dei responsabili non è possibile rimane ai comandanti il diritto et il dovere di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari et punirli con la pena di morte. A cotesto dovere nessuno che sia conscio della necessità di una ferrea disciplina si può sottrarre ed io ne faccio obbligo assoluto ed indeclinabile a tutti i comandanti”.

Cadorna rese così la giustizia sommaria uno strumento “normale” dell’arsenale disciplinare dell’esercito italiano:
27 civili e 263 soldati furono uccisi sommariamente. A questo numero vanno aggiunte le vittime di 6 casi di fuoco sulle truppe che non è stato possibile quantificare. Si può quindi affermare che, nel corso del conflitto, morirono per mano italiana senza processo almeno 350 persone.
Questi sono i morti di cui abbiamo trovato traccia, io e Marco Pluviano, nel corso di ricerche svolte presso l’Archivio centrale dello Stato e l’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, ma la cifra è sicuramente per difetto perché:
- molti documenti furono distrutti durante la ritirata di Caporetto;
- diversi ufficiali che avevano ordinato o eseguito in prima persona atti di giustizia sommaria preferirono non darne notizia ufficiale;
- gli archivi sono disordinati;
- gli uccisi durante la ritirata di Caporetto non sono mai stati quantificati in modo attendibile.
Solo una minoranza degli atti di giustizia sommaria compiuti nell’esercito italiano fu “legittima”. Fu cioè eseguita nel fuoco della battaglia e in flagranza di reato. Abbiamo potuto inserire in questa tipologia “solo” 21 vittime cui vanno aggiunti cinque episodi di fuoco sulle truppe. Questi casi sono i più difficili da quantificare perché nei documenti ne resta raramente traccia. Questo tipo di esecuzioni si verificò anche in altri eserciti.
La maggior parte delle esecuzioni ebbe invece come unico fondamento le prescrizioni di Cadorna, che concepiva – come abbiamo visto - la repressione quale primo strumento di disciplina. Questo gruppo, nel quale possiamo far rientrare 210 vittime e un caso con un numero di caduti imprecisato, é caratterizzato da esecuzioni che possiamo definire “a freddo”. Avvenute cioè dopo un certo lasso di tempo dalla consumazione del reato, nelle retrovie e spesso a danno di truppe non ancora impegnate in combattimento. Tutti casi nei quali sarebbe stato possibile il deferimento dei colpevoli ai tribunali.

Questa tipologia fu una peculiarità tutta italiana.

All’estero la repressione sommaria contro i soldati fu assai rara. Si trattò di pochi casi - qualche decina - pur in presenza di atti di rivolta e ammutinamento ben più gravi.
A queste tipologie vanno aggiunte le vittime civili, quasi tutti slavi o germanofoni, ed i fucilati durante la rotta di Caporetto.
In questo contesto di spregio delle più elementari norme giuridiche e di ogni rispetto verso i nostri combattenti, maturò l’episodio della decimazione dei soldati della Brigata Catanzaro sul Monte Mosciagh. Qui un reparto valoroso fu colpito indiscriminatamente e in modo sproporzionato, ben oltre ogni addebito che avrebbe potuto ricevere nel corso di un qualunque procedimento giudiziario, come infatti si verificò quando i soldati scampati alla decimazione furono giudicati da un Tribunale.

Il 26 maggio due battaglioni del 141° reggimento occupavano le posizioni del Monte Mosciagh. Il resto del reggimento era attendato di rincalzo sulle pendici del monte, pronto ad intervenire in caso di necessità. Intorno alle 19 le posizioni italiane sul Mosciagh furono colpite da un violento temporale accompagnato da una forte grandinata e gli austriaci ne approfittarono per scatenare un furioso attacco. In un tratto della prima linea si sviluppò il panico e gruppi di soldati si ritirarono disordinatamente piombando sulle posizioni retrostanti. Mentre alcuni graduati urlavano di fuggire per sottrarsi alla cattura, i cavalli di un carriaggio di artiglieria s'imbizzarrirono precipitandosi al galoppo negli attendamenti.
Il risultato di questo caos infernale fu che alcune centinaia di militari del 141° si sparpagliarono nei boschi circostanti, immediatamente bersagliati dal fuoco italiano. Una parte degli sbandati fu radunata e riportata subito in linea per contrattaccare, ma molti tornarono al reparto solo il mattino seguente, in parte spontaneamente e in parte arrestati dai Carabinieri. La giustizia sommaria colpì duramente chi fece ritorno - in un modo o nell’altro - al proprio reparto durante la mattinata.

Il comandante del reggimento, colonnello Attilio Thermes, ordinò 12 fucilazioni che furono eseguite il giorno 28 sulle pendici del monte Sprunck, dove nel frattempo si era ritirato il reggimento. Inoltre, 6 graduati e 68 soldati furono denunciati al Tribunale di guerra del XIV Corpo d’Armata.
La mattina del giorno in cui era avvenuto lo sbandamento, il Comandante Supremo aveva inviato un Ordine del Giorno al comandante del settore, generale Lequio, che affermava: "Mentre nel resto della fronte le truppe si comportano ovunque valorosamente, in questi giorni, per parte di alcune unità del settore di Asiago, sono accaduti invece dei fatti oltremodo vergognosi, indegni di un esercito che abbia il culto dell'onore militare. Posizioni di capitale importanza e di facile difesa sono cadute in mano di pochi nemici senza alcuna resistenza”. Cadorna proseguiva impartendo le seguenti disposizioni: “L'Eccellenza vostra provveda le energiche ed estreme misure; faccia fucilare immediatamente, se occorre, e senza alcun procedimento, i colpevoli di così enorme scandalo, a qualunque grado appartengano”.

La storiografia odierna afferma che i grandi successi conseguiti dagli austroungarici nel corso dell’offensiva furono dovuti ad una molteplicità di cause e non al cattivo contegno delle truppe. Il generale Cadorna preferì invece addossare la responsabilità del disastro alla mancanza di coraggio dei suoi soldati, e nello stesso modo si comportò nella circostanza ben più grave della ritirata di Caporetto. Durante la Strafexpedition vi furono molti casi di esecuzioni sommarie, ma ad essere fucilati furono solo i soldati e non gli alti ufficiali che commisero errori gravissimi.

Il colonnello Thermes si adeguò prontamente alle direttive di Cadorna con uno zelo comunque eccessivo, poiché i militari fucilati erano ormai rientrati al reparto e si poteva procedere al giudizio da parte di un Tribunale straordinario.
Il 28 maggio fece fucilare i più alti in grado tra gli sbandati: il sottotenente Giovanni Romanelli e i sergenti Celeste Tabiadon, Angelo Lossi e Ferdinando Catalano. Ordinò, per buona misura, anche la fucilazione di 8 tra graduati e soldati sorteggiati tra gli altri 82 militari rientrati in ritardo.
Il Comando Supremo non era ancora soddisfatto e avrebbe preferito che i superstiti alla decimazione fossero giudicati da un Tribunale straordinario che avrebbe fornito maggiori garanzie di erogare una giustizia esemplare. Ma Thermes preferì deferirli al Tribunale Militare. Il generale Della Noce – capo dell’Ufficio giustizia - invitò l’avvocato fiscale Longobardo a: “Inspirare nel presidente e nei giudici il sentimento del massimo rigore richiedendo l’applicazione della massima pena senza attenuanti per sostenere il prestigio del Comando di Regg.to e sia perché continui l’esemplarità della repressione”.

Nonostante le fortissime pressioni sui giudici, il 1° luglio 1916 il Tribunale concluse il processo condannando gli imputati a pene miti.
Dei 74 superstiti alla decimazione ne furono condannati solo 66, perché il collegio giudicante valutò che 8 di loro erano stati estranei allo sbandamento. Uno, ad esempio, faceva la guardia ai sacchi della posta ad Asiago, mentre un altro era disceso la sera del 26 maggio al posto di medicazione a portare un ferito. Questo é un elemento particolarmente significativo perché essi subirono il sorteggio, scampando per pura fortuna alla morte. Non è quindi da escludersi che, tra i soldati fucilati, vi siano state persone estranee allo sbandamento.
Il colonnello Thermes fu citato, come esempio agli ufficiali, nell’Ordine del giorno del 22 giugno 1916 indirizzato a tutto l’esercito. L’altissimo onore non gli fu tributato per un atto di valore, ma per aver fatto fucilare senza processo i suoi uomini: “Per il sacrosanto provvedimento disciplinare da lui preso”. Si trattò del primo encomio ad personam, perché Cadorna preferiva non esaltare le gesta dei singoli a favore del collettivo. Non mancarono reazioni negative a questo fatto: diversi si chiesero se in tanti mesi di aspri combattimenti proprio nessuno - prima di Thermes - avesse compiuto atti di valore tali da meritare la citazione del proprio nome!

La Brigata fu pubblicamente lodata e decorata per il brillante comportamento durante gli scontri sull’Altopiano. Negli stessi giorni, nello stesso luogo, nello stesso reparto e per le stesse azioni, da un lato si fucilava e dall'altro si premiava!
Per concludere, ricordo che la valorosa Brigata Catanzaro fu tragicamente colpita dalla decimazione anche nel corso della rivolta di Santa Maria la Longa nel luglio 1917. Ma questo è un altro spettacolo....."

Questo fu il fascismo

Fucilazione a Milano il 10 Agosto 1944 eseguita dai repubblichini

(preso da http://www.romacivica.net/anpiroma/FASCISMO/fascismo.htm )

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, gli ebrei rifugiati al Sud tirano un sospiro di sollievo. La persecuzione è finita e il Governo Badoglio prende atto delle richieste degli Alleati. L’articolo 31 del cosiddetto armistizio lungo è chiaro al riguardo: "Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinioni politiche saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate". E infatti il 24 novembre del ’43 il consiglio dei ministri comincia ad abrogare le leggi razziali.
Nel centro-nord occupato dai tedeschi, invece, la situazione degli ebrei si aggrava ulteriormente. Già il 15-16 settembre 1943 i nazisti arrestano e deportano 22 ebrei di Merano, e negli stessi giorni rapinano e uccidono quasi 50 ebrei sulla sponda piemontese del lago Maggiore, a Meina, Baveno, Arona. Il 23 settembre il RSHA, la centrale di polizia tedesca che gestiva la politica antiebraica, comunica che gli ebrei di cittadinanza italiana sono divenuti immediatamente assoggettabili alle "misure" in vigore per gli altri ebrei europei. La prima retata delle SS è quella del 16 ottobre 1943 a Roma: quel sabato vengono rastrellati 1259 ebrei; due giorni dopo 1023 di essi vengono deportati ad Auschwitz (tra di essi vi è anche un bambino nato dopo l’arresto della madre); di questi deportati, solo 17 sopravviveranno.
La neonata Repubblica di Salò non è più tenera del fascismo con gli ebrei, anzi. La Carta di Verona del 14 novembre 1943 - il manifesto politico della Rsi - risolve il problema degli ebrei italiani nel capitolo settimo, affermando che tutti i membri della razza ebraica sono "stranieri e parte di una nazione nemica". L’Ordine di Polizia numero 5, emanato il 30 novembre 1943 e trasmesso il giorno seguente alla radio, annuncia che tutti gli ebrei saranno inviati ai campi di concentramento, fatta eccezione per quelli gravemente malati o di età superiore ai settant’anni. Tutte le proprietà ebraiche nella Repubblica di Salò saranno sequestrate e assegnate alle vittime dei bombardamenti alleati. Una legge del 4 gennaio 1944 trasforma i sequestri in confische (alla data di Liberazione il numero dei decreti di confisca sarà di circa 8mila; la Rsi si approprierà di terreni, fabbricati, aziende, titoli, mobili, preziosi, merci di famiglie ebraiche pari a oltre 2 miliardi di lire).
Già il 1° dicembre le autorità italiane cominciano ad arrestare gli ebrei e a internarli in campi provinciali; alla fine di quel mese iniziano a trasferirli nel campo nazionale di Fossoli, nel comune di Carpi, in provincia di Modena. Nella "caccia agli ebrei", i più accaniti sono i fascisti delle bande autonome, la banda Carità a Firenze, la banda Kock a Roma e poi a Milano, la legione Muti, e la Guardia nazionale repubblicana, le Brigate Nere, le SS italiane. Ma si macchiano di complicità con i nazisti pure le prefetture, la polizia e i carabinieri (alcune prefetture e comandi – scrive De Felice – ci mettono "uno zelo veramente incredibile, fatto al tempo stesso di fanatismo, di sete di violenza, di rapacità"). E’ un fatto ormai accertato che i 4210 ebrei deportati dopo l’Ordine n. 5, siano stati arrestati quasi tutti dalle autorità italiane. Una "caccia" che durerà fino alla fine: il 25 aprile del 45, un gruppo di militi fascisti in fuga verso la Francia, si ferma a Cuneo per prelevare sei ebrei stranieri e li uccide, gettando i loro corpi sotto un ponte.
L’8 febbraio del 1944 il campo di Fossoli passa sotto il comando tedesco e il comandante italiano del campo, che pure aveva assicurato più volte che non avrebbe mai consegnato i suoi prigionieri ai nazisti, all’atto pratico non mantiene le sue promesse. A Fossoli si realizza – come ha scritto Sarfatti – "la saldatura tra le politiche antiebraiche italiane e tedesca". Dal campo modenese, infatti, gli ebrei catturati dalle autorità italiane vengono inviati nei lager dell’Europa orientale. E che in quei luoghi gli ebrei non vadano in gita ma vengano uccisi, Mussolini lo sa almeno dal febbraio del ‘43, quando aveva ricevuto un rapporto segreto di Ciano sulle deportazioni e le "esecuzioni in massa degli ebrei" in Germania.
Il 15 marzo del ’44 Mussolini compie un ulteriore grave passo: istituisce un Ufficio per la razza, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, e vi pone a capo il super-razzista Giovanni Preziosi che sostiene apertamente che il "primo compito" della Rsi è "quello di eliminare gli ebrei". Preziosi si adopera per inviare nei campi di concentramento non solo gli ebrei puri, ma anche i cittadini di "origine mista", e per confiscare i beni anche degli ebrei "arianizzati".
Prima dell’arrivo delle forze alleate, gli ebrei vengono trasferiti nel campo di Bolzano-Gries, luogo noto per le torture e gli assassinii. Dalla Risiera di San Sabba a Trieste un numero alto di ebrei viene indirizzato a morte sicura e lo stesso destino incontrano 1805 ebrei di Rodi e Kos. Le SS e la milizia fascista catturano e giustiziano sommariamente più di duecento ebrei (77 vengono fucilati alle Fosse Ardeatine, il 24 marzo, insieme a molti partigiani). In questo sono aiutati da due collaboratori ebrei - a Roma e Trieste - che identificano i correligionari e li consegnano ai loro carnefici.
Per fortuna la persecuzione degli ebrei trova scarso consenso nel popolo italiano, salvo poche eccezioni; molti, pur consci del pericolo cui si espongono, salvano la vita a ebrei italiani e stranieri, nascondendoli nelle loro case; i partigiani accompagnano alla frontiera svizzera vecchi e bambini, e li mettono in salvo. Tra tutti, spiccano gli atti di eroismo di Giorgio Perlasca e del questore di Fiume Giovanni Palatucci (poi morto a Dachau). Anche la Chiesa Cattolica interviene in modo deciso. Molti ebrei trovano rifugio e salvezza nei monasteri o nelle parrocchie (solo a Roma il Vaticano aiuta oltre 4 mila ebrei).
Le cifre della deportazione in Italia
Quante vittime ha fatto la deportazione degli ebrei in Italia? Liliana Picciotto Fargion nell'aggiornamento del "Libro della Memoria" (Mursia) riscrive le cifre. Gli ebrei arrestati e deportati nel nostro Paese furono 6807; gli arrestati e morti in Italia, 322; gli arrestati e scampati in Italia, 451. Esclusi quelli morti in Italia, gli uccisi nella Shoah sono 5791. Ovvero circa il 20 per cento della popolazione ebraica italiana ( tra i rabbini-capo la percentuale sale al 43 per cento). A questi vanno aggiunte 950 persone che non si è riusciti a identificare e che quindi non sono classificabili.
Ci sono novità anche sul meccanismo della persecuzione. La Picciotto è convinta, sulla base delle circolari che i nazisti inviavano alle autorità italiane, che tra i ministeri degli Interni tedesco e della Rsi ci fosse un accordo preciso: gli italiani avrebbero pensato alle ricerche domiciliari, agli arresti e alla traduzione nei campi di transito (in particolare quello di Fossoli); i tedeschi alla deportazione nei campi di sterminio. "Manca il documento- precisa - ma i sospetti sono oramai quasi realtà".
Chi si salvò? Secondo i calcoli di Michele Sarfatti, i perseguitati che non vennero deportati o uccisi in Italia furono circa 35.000. Circa 500 di essi riuscirono a rifugiarsi nell’Italia meridionale; 5500-6000 riuscirono a rifugiarsi in Svizzera (ma per lo meno altri 250-300 furono arrestati prima di raggiungerla o dopo esserne stati respinti); gli altri 29.000 vissero in clandestinità nelle campagne e nelle città. Circa 2000 ebrei, tra i quali Enzo e Emilio Sereni, Vittorio Foa, Carlo Levi, Primo Levi, Umberto Terracini e Leo Valiani, parteciparono attivamente alla Resistenza (1000 inquadrati come partigiani e 1000 in veste di "patrioti"), pari al 4 per cento della popolazione ebraica italiana. Una percentuale di gran lunga superiore a quella degli italiani nel loro complesso. Circa 100 ebrei caddero in combattimento o, arrestati, furono uccisi nella penisola o in deportazione; cinque furono insigniti di medaglia d’oro alla memoria. Fra i caduti, vanno ricordati il bolognese Franco Cesana, il più giovane partigiano d’Italia, il torinese Emanuele Artom, i triestini Eugenio Curiel e Rita Rosani, il milanese Eugenio Colorni, il toscano Eugenio Calò, gli emiliani Mario Finzi e Mario Jacchia, e l’intellettuale Leone Ginzburg. Un alto contributo al ritorno della libertà e della democrazia in Italia.

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Cercare l'informazione si può. Pensare con la propia testa non fa male né fa ingrassare. Credere "ai potenti" e non fare niente significa cavarsi la propria fossa. Il popolo che non ha memoria corre il rischio di ripetere la propria cattiva storia.

Historia de Una Tragedia dentro de la tragedia

¿Qué nos hicieron? ¿Quién puede acusar y juzgar? Esta nota refleja hasta dónde llegó la dictadura militar: a la desaparición, lisa y llanamente, de los límites entre lo que es justo e injusto, dejando en este caso abierto un debate en el que será muy difícil llegar a conclusiones.
La posición de los organismos de derechos humanos, especialmente de HIJOS de Rosario, parece la más humana. Dejan como siempre abierta la puerta a la esperanza de una refundación de la sociedad basada en la Moral y en la Ética.

UN EX DESAPARECIDO ACUSADO DE COLABORAR CON LA DICTADURA SE SUICIDO ANTES DE SER DETENIDO
José Baravalle fue hallado por Interpol junto con su mujer en Italia. Ella enfrenta un pedido de extradición. Algunos de sus ex compañeros los condenan, otros creen que ante todo fueron víctimas.



Por José Maggi y Victoria Ginzberg para Página12-07-09-08
José Baravalle, “El Pollo”, tenía 55 años y había militado en Montoneros. Lo secuestraron a mediados de 1976 y luego de cinco días de brutal tortura comenzó a colaborar con la patota de Agustín Feced, jefe de policía de Rosario durante la última dictadura. Junto a Graciela Porta formaron una de las parejas más condenadas por sus propios compañeros: los acusaron de participar directamente en torturas y otros vejámenes. Estaba siendo buscado por la Justicia federal, que había librado una orden de captura internacional. Hace diez días, Interpol ubicó al matrimonio en Biella, un pueblo del norte de Italia, cuando la Corcho Porta fue a hacer un trámite bancario. El Pollo no resistió el cerco policial y se tiró de un puente. “No sé lo que ellos creen que yo sepa. Esta historia nunca terminará. Es tremendo pasar de víctima a verdugo. Alguien celebrará: los verdaderos culpables”, escribió en una carta a sus familiares.
La Corcho fue a un concretar un trámite bancario con su pasaporte argentino y saltó en los registros un pedido de captura internacional. De inmediato fue detenida. Baravalle supo entonces que tenía las horas contadas. Fue al puente de Chiavazza y se arrojó al vacío. Porta está ahora a la espera de un trámite de extradición.
Desde el Colectivo de ex presos políticos Hugo Papalardo recordó a Baravalle: “Era un pibe que militaba con alegría, aunque era un poco irresponsable. Conocí a su señora en el año ‘75 en Medicina, donde venía porque era la compañera de Santiago ‘Guito’ Wherle, con quien tuvo un hijo, Andrés, que crió El Pollo. La Corcho fue la que me apuntó para que me buscaran, y estaba en el auto con el que me fue a buscar el Cura Marcote, a mi trabajo en Maipú y San Luis. Con ella estuvimos seis meses en el sótano de El Pozo, de San Lorenzo y Dorrego, donde estaba con su hijo, que era muy chiquito, no sé si tenía dos años”.
En este sentido, Papalardo explica que “no es como los juzgamos a la Corcho y al Pollo, sino tratar de entender en qué proceso político-social y en qué proceso de fractura moral se dan esos casos, porque no son todos iguales. Lo que puedo decir es que gente como Baravalle y como Porta han pasado por una tortura previa: no fueron a las puerta de la Jefatura a ofrecerse para torturar a sus compañeros. Esto no intenta justificar lo que hicieron, sino que busca que quienes los juzgan intenten comprender los tiempos en que ocurrió. La tortura durante un solo día nos transforma en un animalito, en alguien que responde con su espíritu de supervivencia. Los que hemos pasado por algo menos grave que esto en esos momentos, cuando somos llevados al límite de la condición humana, sabemos que surge de nuestro interior lo mejor y lo peor que tenemos. La razón ya no existe, y respondemos con nuestro espíritu primario. Cuando El Pollo decidió después de todo eso colaborar con los militares ya no era El Pollo. Al Pollo que yo conocí lo mataron, al igual que la Corcho, ya no fueron las personas que yo conocí”.
En 1979 Baravalle declaró en un juicio sumario que Montoneros le hizo en España. En esa entrevista describió con una frase su accionar: “No canté más porque era al pedo, y no canté menos porque me mataban”. “Le jodí la vida a mucha gente, pero no a tantos como hubiese podido.” Esas declaraciones grabadas en algunos cassettes habrían sido llevadas al museo que la organización tenía en Cuba. En esa charla, Baravalle se habría mostrado arrepentido de lo que había hecho.
Angel Florindo Ruani, ex oficial montonero, es menos contemplativo con Baravalle. “Lo torturaron como a todos los que caímos, pero El Pollo tomó un camino que pocos tomaron, que es el de colaborar, y participar en el terrorismo de Estado. Lo que más le achacamos a Baravalle es no hablar en determinado momento de la democracia, haber contado lo que hizo y lo que vio, porque él sabe perfectamente cómo se torturaba, cómo se violaba y quiénes lo hacían. Estuvo un año y medio en el Servicio de Informaciones, conviviendo con la patota de Feced, por lo que tiene conocimiento de los que pasaron entre junio de 1976 y diciembre de 1977, y qué pasó con los cuerpos de los compañeros que no han sido encontrados. Eso Baravalle lo sabía y se lo llevó a la tumba.”
Luego del retorno de la democracia, Baravalle se había comprometido a declarar ante la Justicia, pero cuando llegó al país lo estaban esperando para detenerlo. Eso desactivó su participación como testigo. Estuvo preso y en 1984 le dictaron falta de mérito. Con la reapertura de las causas, luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reflotaron en Rosario las acusaciones en contra de Baravalle, Porta y otras tres personas que estuvieron secuestradas.
Más allá de los juicios morales, muchos dentro de los organismos de derechos humanos y en el Poder Judicial creen que los detenidos que colaboraron después de haber sido torturados no deben ser enjuiciados. La organización HIJOS de Rosario, por ejemplo, tomó la decisión de no impulsar ninguna querella contra ellos. “Tenemos una postura muy clara. Todas las personas que entraron a la fuerza a un centro clandestino de detención son víctimas. No importa en qué se convirtieron después, porque una de los objetivos de la represión era ese: doblegar la voluntad de las personas. Yo no me juntaría a comer un asado con ellos, pero hay que ser muy claros y saber quién es el enemigo. Creo que esta persecución judicial es funcional a los represores. Es un error político y humano”, dijo a PáginaI12 Ana Oberling, abogada de HIJOS.
Desde la Procuración General de la Nación, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado elaboró un informe en el que analizó en términos genéricos los casos –son muy pocos– en los que podría achacárseles responsabilidad penal a personas que estuvieron desaparecidas. Con citas al Nunca Más, el informe elaborado por la Conadep, se sostiene que “uno de los grandes objetivos del sistema de los centros clandestinos de detención es la destrucción de la personalidad y la desestructuración de la identidad del detenido”. En dicho documento, que tiene el objetivo de servir como guía a los fiscales de todo el país que impulsan expedientes vinculados con los crímenes de la última dictadura, se sugiere que antes de acusar a un persona debe tenerse en cuenta “el contexto de acción en el que tuvieron lugar las conductas imputadas a personas que se encontraban detenidas en los centros clandestinos utilizados por el terrorismo de Estado” y que se debe evaluar “las herramientas normativas que el derecho penal prevé específicamente para contextos opresivos para el autor de la conducta, en los que existe un riesgo cierto de pérdida de bienes esenciales como la vida y la integridad física”.


La carta que dejó El Pollo
“No sé lo que ellos creen que yo sepa. Esta historia nunca terminará. Lamento mucho, pero creo que ésta es la única manera de detenerla (...). Es tremendo pasar de ser víctima a verdugo. Alguien celebrará: los verdaderos culpables. Espero ser la última víctima de tanta barbarie.(...).
Mi única culpa es que no he podido resistir la tortura. ¿Cuál es el límite humano?. Pido disculpas a todos los amigos y familiares. Ya he pasado por esto, y fui absuelto. No voy a cruzar de nuevo. Me voy porque esto tiene que acabar. Adiós.”


Incomprensión
Por Ana Longoni *
“Cuando un hombre con buena salud se suicida es porque, a fin de cuentas, no hay nadie que lo comprenda. Tras la muerte, la incomprensión no desaparece, porque los vivos insisten en interpretar y utilizar su historia adecuándola a sus propios fines.” Así empieza John Berger un lúcido ensayo sobre Maiakovski. Lo invoco para aproximarme a otro suicidio, en coordenadas históricas muy distintas aunque también atroces. Ante la certidumbre de una pronta captura por la policía internacional, la decisión de José Baravalle de quitarse la vida, su acto de desesperación extrema, nos arroja a un territorio ensombrecido que sospecho que no puede transitarse sin dolor. Esta muerte me duele, aunque no conocí a ese hombre ni sé de él más que lo que se escribió en los últimos días: que fue un joven militante montonero en los años setenta en Rosario, que fue secuestrado ilegalmente en 1976 por el terrorismo de Estado, salvajemente torturado durante días, tras lo que se convirtió en un activo colaborador de la represión –según señalan los testimonios de otros sobrevivientes–. No soy quién para ejercer un juicio condenatorio o exculpatorio sobre él y su vida arrasada por la experiencia límite del terror concentracionario, como lo nombra Pilar Calveiro. Apenas me atrevo a preguntar(me) algunas cuestiones en la medida en que lo ocurrido, como en otros casos recientes de instancias judiciales contra sobrevivientes acusados de colaboración (en Tucumán, en Rosario), precipita al primer plano dilemas éticos y políticos irresueltos que atraviesan la sociedad argentina.
Los sobrevivientes, aquellos poquísimos desaparecidos que reaparecieron con vida, resultan hoy piezas cruciales en la medida en que son los testigos necesarios en los juicios contra los represores. Fuera de los ámbitos judiciales, su aislamiento sigue siendo enorme. Están sospechados por su sobre(vida), estigmatizados como traidores, contaminados por el contacto con el enemigo. Héctor Schmucler señaló, pensando esta cuestión: “La traición señalada en el otro nos protege: quedamos resguardados en un bando unificado por el miedo y la vergüenza”.
Quizá porque los relatos de los sobrevivientes estorban –en ciertos ámbitos militantes– la construcción del mito incólume del desaparecido como mártir y como héroe, frente al que no parece tener cabida ninguna crítica de las formas y las prácticas de la militancia armada de los ‘70 sin poner en cuestión la dimensión del sacrificio de los ausentes. Los sobrevivientes –aun habiendo salido del centro de detención– continuaron atrapados en un doble fuego, víctimas de sus captores y condenados por sus antiguas organizaciones políticas. En el persistente aislamiento, sospechados y juzgados desde escalafones morales y grados de valentías que los separan de los que no regresaron se percibe otro efecto pavoroso de la represión.
La instalada asociación entre sobreviviente y traidor (delator, colaborador) impide pensar que la decisión de quiénes fueron los que sobrevivieron (salvo en las muy excepcionales fugas) fue de las fuerzas represivas. Lo que es común a la gran mayoría de los relatos de sobrevivientes es que aquello que los salva no es –ni exclusivamente ni en primer término– la habilidad del prisionero para ser o parecer útil, sino su aleatoria condición de “elegido” por los represores para sobrevivir. La supervivencia de algunos pocos dentro de las decenas de miles de desaparecidos obedece a patrones múltiples, entre los que no tiene poco peso el azar. Si se puede hablar de una lógica, ésta respondía en todo caso a criterios muy diversos: los represores podían seleccionar a sujetos que resultaran útiles al funcionamiento del aparato represivo, en el sostenimiento de la maquinaria cotidiana del campo, en sus proyectos políticos o haciendo público su arrepentimiento. Podía también mantenerse con vida a algunos prisioneros dignos de ser exhibidos en cautiverio como trofeos de guerra: dirigentes reconocidos o sus viudas. Las “elecciones” podían asimismo responder a una lógica no corporativa: los vínculos entre represores y prisioneros a veces traspasaban el anonimato masivo y se personalizaban, dando lugar a la “salvación” de algunos sobrevivientes por parte de determinados represores.
Quizá debamos detenernos en algunos tramos de la rápida nota que garabateó Baravalle a su familia antes de tirarse al vacío. Allí dice: "Es tremendo pasar de ser víctima a verdugo..." Está claro que no todas las conductas de los detenidos sobrevivientes fueron iguales, pero tampoco se puede obviar que ellos estaban ilegalmente secuestrados, que fueron salvajemente torturados, arrasados sus cuerpos y su humanidad. Las restringidas estrategias que pudieron elaborar los prisioneros “elegidos” por sus captores para integrarse al “proceso de recuperación” van desde la abierta (a veces, momentánea; otras veces, permanente) colaboración con la represión para que sean detenidos otros militantes, hasta hacerse cargo de tareas inocuas, que no implicasen mayores riesgos para los militantes libres ni para los prisioneros. También fue posible la simulación de la colaboración, que incluso entorpeció la actividad represiva o, en algún momento, la desplazó a un segundo plano.
Baravalle escribió también "Mi única culpa es que no he podido resistir la tortura". Instala así otro asunto que nos cuesta enormemente encarar: el reconocimiento de la efectividad de la tortura irrestricta e ilimitada como cruento y sistemático método para arrancar información a los prisioneros (hayan éstos sobrevivido o no), aterrorizar y arrasar su condición humana, y como modalidad efectiva y atroz en la tarea de desmantelar rápidamente la estructura de las organizaciones armadas. La tortura enfrenta al prisionero a extremos insospechados de dolor y vejación, y lo obliga a enfrentarse solo e inerme a sus propios límites. En medio de las interminables sesiones de tortura, la frontera borrosa de qué información se puede dar sin poner en riesgo a nadie, cuál es comprometedora, cuál es ya caduca o conocida para los represores, es difícil de definir. ¿Cómo calcular en esas circunstancias desgarradoras cuánto tiempo pasó desde la detención? ¿Cómo saber, entonces, si ya estarán alertados y a resguardo los compañeros? Son límites peligrosos. Y los torturadores lo saben.
"...Espero ser la última víctima de tanta barbarie". Fue lo último que deseó José Baravalle.
* Escritora e investigadora de la UBA. Autora de “Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión”.

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Para Alfredo Vivono la situación de Baravalle es distinta. "Cuando lo detuvieron no estaba convencido del proyecto político que tenía que encarar, asi que cuando lo llevan al Servicio de Informaciones después de varios días de tortura, se quiebra, habla, les da información al grupo de tareas de Feced, al que se suma para cometer los mismos delitos que los represores". Para Vivono el análisis de los quebrados es distinta: en Rosario hubo cinco casos, además de Folch y Chomicky, y Porta-Baravalle, esta "Tu Sam" Brunato, que usaba uniforme y cobraba sueldo. "Es verdad que el Pollo torturó y violó y bajo ninguna excusa puede ser comprendido -agrega el ex subsecretario de derechos humanos. "A mí me causa mucho dolor, y siento que por un lado es una víctima más, y por otro lado sé que también cometió los mismos delitos que los represores. Cuando escucho a sus víctimas denunciarlo, los respeto. No le podemos escapar a la verdad, más allá de lo que nos genere. No podemos esquivar la memoria y la justicia y si cometió delitos, deben ser enjuiciados igual que el resto".

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En la Causa Feced, figuran varias denuncias en las que está involucrado José Baravalle y en las que se basaba la orden de detención en su contra:

* Félix Manuel López denuncia ante la justicia provincial que fue detenido el 13 de agosto de 1976 por cuatro policías uniformados. Afirma que entre los torturadores, podría reconocer con seguridad la voz de "El Ciego" Lofiego, quien manejaba la picana eléctrica y se la aplicó en los testículos, en el pene, en el ano, por el vientre, en los labios, en el párpado, mientras estaba vendado, maniatado y totalmente desnudo. También señala que lo golpeó el "Pollo" Baravalle, a quien podría reconocerle la voz, y sindica como otros torturadores a "Tu Sam", "Kuriaki" y "El Cura".

* Carmen Lucero: el día 22 de febrero de 1977 fue secuestrada y llevada al Servicio de Informaciones ubicado en la Jefatura de Policía de Rosario. La trasladaron a una pieza, en la que había una escalera que comunicaba con "la favela", donde se encontraban los demás torturados. De allí la llevaron al sótano, siendo esto fue a los diez días posteriores a su detención, lo que significaba que dejaba de estar desaparecida; en este lugar pudo ver también a Analía Minetti un día que la bajaron a bañar, subiéndola inmediatamente después del baño. Manifiesta que la persona que acompañó a Analía para que se bañara fue José Baravalle ("El Pollo"), uno de los civiles que colaboraban en la detención y torturas de personas.

* Azucena Solana declaró ante la justicia provincial que fue detenida en agosto de 1976 junto con su novio y un amigo, Alfredo Fernández. Que en un primer momento la llevaron a Robos y Hurtos y luego al Servicio de Informaciones, donde pudo reconocer a "Tu Sam", de apellido Brunatto; "El Pollo" Baravalle, "El Ciego" Lofiego, "El Cura" Moore y a "La Pirincha". Señala que fue torturada con picana eléctrica, estando desnuda y atada a una camilla, en varias oportunidades, mientras la insultaban y la interrogaban. Que era "El Ciego" quien le aplicaba la picana. Agrega que pudo ver a su novio atado a una camilla en la oficina de Lofiego, y que escuchó los gritos de dolor y los golpes que le propinaron. Igualmente, declara que escuchó una discusión entre "El Ciego", "El Cura" y "El Pollo" respecto al destino de su novio, y si lo matarían o no.

* María Inés Lucheti de Betanín declara que estando detenida en el servicio de informaciones participa en su interrogatorio mediante la aplicación de tormentos una mujer que llamaban "Victoria" o "la polaca" y que fue golpeada por ésta al igual que por Baravalle.
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